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Yoani Sánchez

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Artículos
Martes, 04 de Octubre de 2011 17:52

Por Reinaldo Escobar - Diario de Cuba - El decreto ley 292, en vigor desde el 1 de octubre, pone en evidencia los límites de eso que observadores de la realidad cubana han dado en llamar "las reformas raulistas". Especialmente quedan al descubierto las contradicciones provocadas por no respetar el indisoluble vínculo entre libertades económicas y derechos ciudadanos en un momento en que el Estado se ve incapacitado para seguir ejerciendo de benefactor paternalista, pero no está dispuesto a ceder sus prerrogativas autoritarias.

 La nueva legislación se mueve en tres áreas relacionadas con la compraventa y cesión de propiedad de automóviles: Las transacciones entre entidades comerciales y personas naturales, las específicas que incluyen a ciudadanos que salen definitivamente del país, y las que ocurren entre personas naturales.


 Los hijos legítimos

 A partir de ahora el Ministerio de Transporte podrá autorizar a personas naturales cubanas y extranjeras con residencia permanente, la compra de un vehículo de motor nuevo en pesos convertibles en una entidad comercial. En el caso de los nacionales el principal requisito para recibir dicha autorización es que el dinero haya sido obtenido "como resultado de su trabajo en funciones asignadas por el Estado o en interés de este". Ya este mecanismo venía funcionando desde hace unos quince años y la autorización se plasmaba en una carta firmada por el entonces todopoderoso Carlos Lage.

 Este "derecho de pernada" sobre la virginidad automotriz, extendido por el patriarcal Estado a los hijos que considera legítimos, permite al personal diplomático cubano, a representantes comerciales en el extranjero, deportistas y artistas vinculados a instituciones culturales oficiales, marinos y pilotos, a poseer un auto nuevo, o de uso, pero moderno. La medida incluye a trabajadores de la pesca y productores de tabaco y a una exigua especie en extinción que son los trabajadores y jubilados de la Base Naval de Guantánamo. Sin embargo, quedan exceptuados de este privilegio aquellos que cumplen misiones en el exterior a través del Programa Integral de Salud en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador.

 En lo que pudiera considerarse casi una grosería legislativa, se incluye un punto donde se orienta a los funcionarios reclutadores que deben advertirles a los misioneros antes de su salida al extranjero "que no pueden optar por la adquisición de un vehículo" en las entidades comerciales con el dinero ganado en su trabajo.

 ¿A qué viene esta discriminación justamente con los más sacrificados?

 Puede conjeturarse que no habrá tantos autos disponibles en las tiendas y como se ha dicho, "los hilos de la piñata" solo alcanzan para un grupo de elegidos; si se incluyera a los más de 20 mil aquí exceptuados, probablemente se triplicaría el número de aspirantes. Es significativo que en ningún momento se habla en el nuevo decreto de condicionamientos ideológicos ni de méritos sociales o laborales, sin embargo, es sabido que para incluirse en la lista de los que tienen derecho a que el Estado les beatifique el dinero devengado, hay que pagar el diezmo de ser, al menos, políticamente correcto.

 Los hijos desheredados

 Quizás lo más lamentable del decreto ley 292 es que anticipa que en las anunciadas reformas migratorias no se eliminará el término de "salida definitiva del país" y que además, la emigración seguirá siendo penalizada con la confiscación.

 En el texto publicado en la Gaceta Oficial hay unas veinte alusiones a este concepto que se aplica a quienes desde un inicio declaran su intención de vivir fuera de Cuba y a quienes, sin haberlo advertido antes de salir, se exceden de los once meses que abarca el "permiso de viaje". Entre las consecuencias de este engendro, que es tema para un libro, aparece la confiscación de bienes, incluida la vivienda, los medios de transporte y los efectos electrodomésticos del emigrante. Hasta el día de hoy los familiares que no viajaban con el propietario emigrante podían quedarse a vivir en la casa con todo lo que había dentro (menos el auto), a condición de que lo pagaran todo otra vez al Estado confiscador.

 El artículo 7 de la nueva ley especifica que "El Ministerio de Transporte confiscará de acuerdo con la legislación vigente, los vehículos de motor pertenecientes a personas naturales cubanas que hayan salido definitivamente del país" y transferirá su propiedad a las personas que —según este decreto— tienen derecho a ello. Más adelante, en el artículo 9 se dice que "El Ministerio de Transporte podrá transmitir la propiedad de los vehículos a copropietarios y familiares con distinto grado de consanguineidad. Entre ambos artículos aparece el número 8 que, refiriéndose a los ciudadanos extranjeros residentes permanentes o temporales, dice que perderán el derecho a su vehículo "si antes de su salida definitiva del país" no lo han vendido o traspasado su propiedad según lo que establece este propio decreto.

 Se omite deliberadamente una información trascendental para aclarar si los cubanos, al igual que los extranjeros, pueden vender sus autos a quienes les parezca antes de salir del país, o cuánto tiempo debe mediar entre la venta y el inicio de los trámites, cuyo enorme costo podría ser sufragado en parte si esto se permitiera. Esta ley puede ser un avance o un ejemplo de cómo quedará redactada la que instrumente la compraventa de viviendas, donde muchos se hacen la misma pregunta. Mientras, Papá-Estado se cuestiona a cuánto podría elevarse el número de candidatos a emigrar, cuando después de vender sus bienes tengan la oportunidad de solventar los gastos, calculados en unos tres mil dólares por persona: pasaje, visa, pasaporte, permiso de salida, chequeos médicos, legalización de documentos y dinero de bolsillo.

 Los hijos bastardos

 No se puede negar el impacto que tendrá en la sociedad la redistribución de ese tradicional símbolo de estatus que es poseer un auto. Durante décadas (mediados de los 70 hasta principio de los 90) la asignación de un vehículo, o lo que es igual, la oportunidad de comprarlo nuevo, subvencionado, y a plazos, era equivalente a un reconocimiento de la confianza depositaba por la revolución en el beneficiario; era un título de legitimidad.

 A pesar de lo que decían entonces los humoristas, que los cubanos eran muy creyentes, porque compraban un Lada y creían que habían adquirido un automóvil o que el Moskovich era en realidad un tarekovich y el Fiat polaco un probable supositorio, aun así, todos eran vistos como un premio indicador de los méritos acumulados, la importancia de la labor desempeñada o las buenas relaciones con las altas esferas del poder. En las letras pequeñas del contrato se advertía que el vehículo no podría ser vendido a otro particular ni la propiedad ser transferida a ningún familiar en vida del dueño, pues solo la herencia, tras el inexcusable trámite de la muerte debidamente certificada, permitía que el carro pasara a nuevas manos.

 El más joven de esta estirpe de autos tiene hoy, cuando menos, veinte años de uso, y muchos están ya cerca de los cuarenta. Cortadores de caña de enormes proezas productivas, médicos con especialidades de alto nivel, ingenieros, economistas, ¡hasta periodistas!, fueron agraciados con aquella distribución fundada en la meritocracia.

 Ahora, cuando los primeros hijos reconocidos por nuestro patriarcado tropical ya han convertido en chatarra rodante los símbolos de estatus del socialismo real, solo ahora, los hijos bastardos podrán acceder a lo que los primeros vayan dejando. Con mucha suerte habrá chance de comprar (de segunda o tercera mano) alguno de los adquiridos en los últimos años por la generación legitimada durante el socialismo reformado, y —¿por qué no?— los que estos favoritos puedan adquirir en lo adelante, en esos mercados donde solo funciona la moneda santificada.

 Los dirigentes de este proceso, tenido por reformista según ilusionados cubanólogos, han anunciado que en la próxima Conferencia del Partido Comunista se trabajará, entre otras cosas, en la dirección de eliminar los prejuicios contra las formas no estatales de producción. Sería interesante saber si este decreto ley, que menoscaba el poder adquisitivo del dinero obtenido por los caminos paralelos al Estado, contribuye a erradicar o a fortalecer esos prejuicios enraizados en una mentalidad retrógrada, anticapitalista, sí, pero más por su vocación feudal que por su esencia proletaria.